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En España, mientras el precio de la vivienda libre ha caído una media que supera el 30-40% desde el comienzo de la crisis, el coste de la vivienda protegida se ha mantenido y solo en muy pocos casos ha bajado ligeramente. No obstante, los organismos que marcan el precio del módulo, no lo han variado.
Se supone que la vivienda protegida tiene como objetivo ayudar a las personas con menores recursos para que puedan acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o compra. Pero la realidad a veces es tozuda y, según los últimos datos del Ministerio de Fomento, la VPO es más cara que la vivienda libre en 10 provincias.
Así, según las estadísticas del primer trimestre de 2015, en ciudades como Jaén, León, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lérida, Castellón, Valencia, Lugo o Murcia el precio de la vivienda protegida ha quedado completamente desfasado.
Como muestra un botón, en Jaén el metro cuadrado de una vivienda usada (más de cinco años de antigüedad) ronda los 807 euros. En una vivienda nueva el precio se eleva hasta 980 euros. Y el metro cuadrado de vivienda protegida se paga a 1.080 euros. El mundo al revés.
En los últimos seis años el Plan estatal y los autonómicos han dado cerca de 300.000 calificaciones de VPO en España. Respecto al valor catastral ha ocurrido lo mismo, el precio de este tipo de viviendas ha sufrido una variación mucho menor que la del mercado de vivienda libre. Esta circunstancia ha desincentivado la venta de las viviendas protegidas que ya estaban construidas. El problema ahora tambien es para los promotores que edificaron este tipo de inmuebles, que los siguen teniendo en sus balances.
En cuanto al alquiler social, según el Ministerio, el fondo cuenta con casi 6.000 viviendas aportadas por 33 entidades financieras que gestiona mediante alquileres reducidos de entre 150 y 400 euros al mes y con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Sin embargo, según sus propios datos, tras dos años en vigor, ha asistido a 1.465 familias que se han visto en una situación vulnerable como consecuencia de la crisis económica. De hecho, hasta junio de 2014, sólo había adjudicado 850 de sus 6.000 casas disponibles.
En cuanto al alquiler social, según el Ministerio, el fondo cuenta con casi 6.000 viviendas aportadas por 33 entidades financieras que gestiona mediante alquileres reducidos de entre 150 y 400 euros al mes y con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Sin embargo, según sus propios datos, tras dos años en vigor, ha asistido a 1.465 familias que se han visto en una situación vulnerable como consecuencia de la crisis económica. De hecho, hasta junio de 2014, sólo había adjudicado 850 de sus 6.000 casas disponibles.
En este contexto anómalo, la duda que todo el mundo se plantea es: ¿Tiene sentido el actual modelo de vivienda protegida?
Parece que así no, y que como poco debe reinventarse o actualizarse de acuerdo a la realidad. Ahora, con Ada Colau y Manuela Carmena como alcaldesas de las dos capitales españolas mas importantes, puede ser el momento de emprender este cambio.
Parece que así no, y que como poco debe reinventarse o actualizarse de acuerdo a la realidad. Ahora, con Ada Colau y Manuela Carmena como alcaldesas de las dos capitales españolas mas importantes, puede ser el momento de emprender este cambio.
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